EL TENIENTE GENERAL PUDIERA HABER VISTO EL FUTURO CON CLARIDAD.
El teniente general del
Ejército de Tierra y general jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena Aguado, ha
afirmado durante su discurso en Sevilla con motivo de la Pascua militar que si
algún Estatuto de autonomía sobrepasa los límites de la Constitución, el
Ejército —como garante de la Carta Magna— tendría que intervenir.
El ministro de Defensa, José
Bono, ha ordenado el arresto domiciliario por ocho días del Teniente general José
Mena y propondrá su cese tras las declaraciones que
éste realizó el viernes respecto a que las Fuerzas Armadas tendrían que
intervenir si algún Estatuto de Autonomía sobrepasase los límites de la
Constitución.
En los círculos militares es
difícil olvidar la Pascua militar celebrada en 2006, en la que se habló, y
mucho, del Estatuto de Cataluña que entonces se estaba fraguando. José Mena
Aguado, teniente general del Ejército de Tierra y general jefe de la fuerza
terrestre, se refirió a "las graves consecuencias que tanto para las
Fuerzas Armadas como institución como para las personas que las integran podría
conllevar" la aprobación del texto "en los términos" en los que
se planteaba. Acto seguido, recordó el artículo 8 de la Constitución, en el que
se recalca que los Ejércitos deben defender la integridad de España y
garantizar su soberanía.
Un día más tarde, el 7 de
enero, José Bono ordenó su arresto domiciliario y pocas jornadas después el
Consejo de Ministros lo cesó de su cargo por "pérdida de confianza".
Son más levantiscos los
registradores de la propiedad que las Fuerzas Armadas
Alguien que vivió muy de cerca
aquellos acontecimientos considera que ahora, casi diez años después, el
escenario es muy diferente: "Son más levantiscos los registradores de la
propiedad que las Fuerzas Armadas". Una afirmación de la que discrepan
algunos sectores de los diferentes cuerpos militares: "Quizá nos vendría
bien que alguien con voz autorizada pronunciase ahora un discurso similar, que
dejase claro nuestro papel en caso de que quieran romper el país", apunta,
sin elevar demasiado la voz, un alto cargo del mismo Ejército.
CORRILLOS MILITARES
Estas afirmaciones, no
obstante, se mantienen en pequeños corrillos. Los militares recuerdan cómo,
aunque entonces no trascendió, algunos de sus compañeros se jugaron el arresto.
Es el caso del teniente general del Ejército de Tierra Emilio Pérez Alamán, que
entonces era jefe del mando de Canarias. El militar se disponía a rubricar un
documento, junto a otros compañeros, en el que manifestaba su apoyo a José Mena
Aguado. El texto no llegó a firmarse y no hubo que dirimir responsabilidades.
Esta situación no evitó que
cinco generales y 55 altos mandos de las Fuerzas Armadas firmasen otro
documento que se publicó en La Razón bajo el título "En apoyo al general
Mena": "Las palabras que pronunció públicamente […] son un fiel
reflejo de la opinión, la inquietud y el sentir de muchos de los mandos y
subordinados de las unidades a sus órdenes".
"Esta es la situación que
ahora mismo estamos viviendo", asegura un oficial de la Armada en
conversación con EL ESPAÑOL. "Hay muchos efectivos que viven con inquietud
esta situación, pero que no alzan la voz para no incumplir el principio de que
un militar no debe hacer declaraciones políticas -añade el oficial,
remitiéndose a la Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de
las Fuerzas Armadas-. No me extrañaría que, antes o después, alguien hiciese
algún comentario al respecto".
"El artículo octavo de la
Constitución lo deja bastante claro", agrega otro oficial del Ejército de
Tierra. "No encuentro el problema a que alguien lo recuerde -considera-.
En su día se sacaron de quicio las declaraciones de Mena y muchos pensamos lo
mismo de lo que ahora pasa en Cataluña". "No sé si la situación es la
misma, pero nuestro deber es apoyar sin reservas al Gobierno de España en
cualquier decisión que tome".
UNA SOLUCIÓN JURÍDICA
Antonio Suárez-Valdés, abogado
especialista en Derecho Militar, considera una "obviedad" que la misión
de las Fuerzas Armadas pasa por defender la integridad de España: "Así lo
recoge la Constitución". "En el caso de que esto desembocara en un
conflicto de otra envergadura, que ninguno queremos que llegue a ocurrir, sería
el ministro de Defensa el que tomaría la decisión de movilizar a los
Ejércitos", señala Suárez-Valdés.
¿Debe cundir el alarmismo ante
esta posibilidad? "Entiendo que no -responde el abogado-, porque la
solución que se le va a dar a esta situación va a ser jurídica". Según su
criterio, el Gobierno "se va a limitar a ejecutar" la resolución del
Tribunal Constitucional de este miércoles, en la que suspende por unanimidad la
resolución secesionista. "Si el Gobierno funciona como todos esperamos
-prosigue-, se ejecutará y aplicará la resolución. Si hay una señora presidenta
del Parlamento catalán que desobedece al TC [en referencia a Carme Forcadell],
lo normal será que sea detenida e inhabilitada. Si existe un presidente de
Cataluña que hace lo mismo, seguirá el mismo proceso".
He oído veladamente algo sobre
el uso de los Ejércitos en el tema de Cataluña
Para el subteniente Jorge
Bravo Álvarez, que preside la Asociación Unificada de Militares Españoles
(AUME), el discurso que José Mena pronunció en aquella Pascua militar sonó más
a una "amenaza": "El artículo 8 de la Constitución al que él se
refirió puede estar sujeto a varias interpretaciones. Yo creo que las Fuerzas
Armadas nunca se podrán ni deberán utilizar contra ningún español. Y los
catalanes lo son", señala Bravo.
Además, el presidente de la
AUME aboga por exprimir "todas las vías del Estado de Derecho" para
resolver el problema: "No he visto nada escrito, aunque sí he oído
veladamente algo sobre el uso de los Ejércitos en el tema de Cataluña -reconoce
el subteniente-. Espero que a nadie se le ocurra decir algo parecido. Que
alguien reclame o diga que un territorio es independiente, no va a serlo. La
integridad territorial sigue vigente y el Ejército no debería tener nada que
ver con eso".
José V. Ruiz de Eguílaz y Mondría
XXX Promoción de Caballería
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