MÁS MEMORIA HISTÓRICA

FERNANDO SUÁREZ GONZÁLEZ ES MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

CONOZCO, como se comprenderá, a muchos españoles admiradores del Generalísimo Franco y a otros muchos que sienten hacia su figura agradecimiento y respeto. Ninguno de ellos propone que se regrese a una situación en la que la Jefatura del Estado mantenga “la suprema potestad de dictar normas jurídicas de alcance general”, que se recupere el Decreto de unificación, que se prohíban las huelgas o que se reimplanten la censura de prensa y el sindicalismo vertical, de modo que ya no es posible descalificar a ese tipo de franquistas, pura y sencillamente porque no los hay. Lo que pudo considerarse oportuno en 1939 no lo era, de ninguna manera, en 1975.

Quiere ello decir que la proposición de Ley que ha presentado doña Margarita Robles en nombre del Grupo parlamentario socialista y que pretende castigar con la pena de prisión de seis meses a dos años a quienes justifiquen o enaltezcan por cualquier medio de expresión “el franquismo” utiliza unos conceptos que nos van a dar mucho que hablar.

Hasta 1992 no aparece en el diccionario de la Real Academia Española la palabra “franquismo” y es curioso comprobar que, considerado inicialmente “movimiento político y social de tendencia totalitaria”, en 2014 se transforma en “dictadura de carácter totalitario impuesta en España por el General Franco a partir de la Guerra Civil de 1936-1939 y mantenida hasta su muerte”. Una segunda acepción, algo más benévola, se refiere al “período histórico que comprende la dictadura del General Franco”. Aparte de discrepar frontalmente de que esa dictadura del General Franco mantuviera hasta su muerte carácter totalitario –lo que, no sólo resultaría ofensivo para quien ejerció la Jefatura del Estado en sus ausencias, sino que hubiera hecho imposible la muy razonable y ordenada reforma que sus leyes propiciaron–, es obligado preguntarse qué se entiende por justificar y por enaltecer.

Siempre con el diccionario a la vista, justificar es “probar algo con razones convincentes, testigos o documentos” y son muchos los historiadores que han probado de ese modo que, partiendo de la dramática situación que España vivió entre febrero y julio de 1936, se explican las razones que movieron a una parte de españoles a abortar la dictadura del proletariado que otra parte pretendía, iniciándose una guerra terrible, en la que tuvieron también que participar quienes inicialmente no hubieran estado ni con unos ni con otros. Aun admitiendo que los orígenes de la Guerra Civil española sean objeto de una polémica inacabable, lo que es seguro es que si tal polémica se sofoca con penas de cárcel para quien no comparta la muy sectaria versión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que seguramente no suscribiría nuestra Real Academia de la Historia pero que la proposición del PSOE recoge en su preámbulo como dogma de fe, la libertad en que vivimos se va a ver otra vez muy lastimosamente cercenada.

Se prohíbe también enaltecer, que significa: “ensalzar, alabar, manifestar aprecio o admiración”, expresiones todas repletas de matices.

Sin ir más lejos, este mismo año 2018, y por utilizar sólo períodos quinquenales aun eludiendo aniversarios de mucha trascendencia, se podrían y deberían conmemorar el ochenta aniversario de la creación de la Magistratura de Trabajo y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, el setenta y cinco de la inauguración de la Escuela Naval de Marín y del Museo de América, el setenta de la primera transmisión de Televisión en España, el sesenta y cinco de la fabricación del primer automóvil Seat y de la creación de la Filmoteca Nacional, el sesenta del ingreso en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial y de la inauguración de los pantanos de Entrepeñas y Buendía o del Centro Nacional de Energía Nuclear, el cincuenta y cinco del ingreso en el Gatt y de la apertura del túnel de Guadarrama, el cincuenta de las Universidades autónomas de Madrid, Barcelona y Bilbao o el cuarenta y cinco del establecimiento de relaciones diplomáticas con China.

Bien porque firmó los correspondientes Decretos, porque presidió las inauguraciones, o por ambas cosas, la figura de Francisco Franco es inseparable de tales acontecimientos y va a resultar harto difícil celebrar esas efemérides sin posibilidad de citarle, ante la eventualidad de que se considere enaltecimiento.

Un supuesto extremo, máximo, inapelable, es el de la instauración de la Monarquía. Cualquier español razonable, incluidos aquellos cuyas preferencias republicanas no surgen de un rencoroso revanchismo, tiene que aceptar que debemos al Rey Don Juan Carlos I uno de los más fecundos y libres períodos de nuestra historia, en el que se asentó la democracia y España alcanzó un prestigio mundial sin precedentes. Ahora mismo, todo el que no niega la evidencia está reconocido a la ejemplaridad y al acierto con que ejerce su función, en equilibrio exquisito de gallardía y prudencia, el Rey Don Felipe VI. Si alguien se atreve a decir que la recuperación de la Institución que personifica los momentos cumbres de nuestra historia es inexplicable sin la voluntad personal de Franco, incluso frente a un entorno poco monárquico, ¿va a ser acusado de enaltecimiento por manifestar su aprecio hacia el estadista que así lo decidió?

Si esa proposición se convierte en Ley, ¿podré yo mismo decir públicamente que gracias a mi condición de ex vicepresidente de uno de sus Gobiernos tuve alguna autoridad para contribuir a convencer a las Cortes configuradas por sus Leyes Fundamentales de que era necesario y patriótico conseguir que la nueva Monarquía fuera parlamentaria y democrática?

Vamos a tener la fiesta en paz. Vamos a ocuparnos del futuro sin enredarnos en polémicas sobre el pasado que fomentan la discordia en el presente. Hace unos años, la lectura de esa proposición de Ley y los planteamientos de la izquierda que se deducen de ella me hubieran producido indignación, porque rompen los acuerdos que considerábamos definitivos en los años 1976 a 1978. A estas alturas de mi vida, lejos de indignarme, me producen tristeza, porque demuestran que la actual dirección del Partido Socialista, en el que han militado y militan tantos ciudadanos serios y competentes –y tal vez por no contar con ellos– parece carecer de ideas sobre cómo abordar los candentes problemas que hoy planean sobre nuestra vida pública y quiere disimularlo recurriendo puerilmente a eliminar los respetables recuerdos de una época en que, entre aciertos y errores, se pretendía también una España mejor.

Con el argumento de que “los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio” y con el propósito de “suprimir elementos de división entre los ciudadanos”, se viene considerando exaltación de la Guerra Civil cualquier monumento, calle o plaza dedicado a quienes la ganaron, a la vez que se enaltece a quienes la perdieron, como si fueran completamente ajenos a esa misma Guerra Civil. ¿No sería más constructivo, más integrador y más razonable aceptar que tanto unos como otros forman parte de la historia y dejar el juicio que merezcan a los historiadores y a la opinión de cada cual? Ya sé que en algún momento se propusieron versiones unilaterales de los acontecimientos, pero ¿se atrevería alguien a decir que esa era una conducta democrática?

Hay quien lleva años revisando las actas de las Corporaciones provinciales y locales para eliminar de ellas los acuerdos que concedían honores y distinciones al Jefe del Estado o a las Personalidades e Instituciones de la época, pero que no se pueden eliminar de las hemerotecas ni, por lo tanto, de la historia. Ya solo falta que se dirijan a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que retire de sus actas el minuto de silencio que guardó cuando conoció la noticia del fallecimiento de Francisco Franco.

Francisco Javier de la Uz Jiménez